Ana Palacio

(Madrid, 1948) Política española. Ana Isabel de Palacio del Valle Lersundi nació en Madrid el 22 de julio de 1948, segunda de los siete hijos que tuvieron Luis María de Palacio y de Palacio, marqués de Matonte, oriundo de Portugalete (Vizcaya), y Luisa del Valle Lersundi, nacida en Deva (Guipúzcoa). Es hermana de Loyola de Palacio, ex ministra, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Energía y Transportes.

Inicios en la abogacía

Estudió el bachillerato en el Liceo francés de Madrid y obtuvo el premio de fin de estudios del gobierno francés al mejor alumno extranjero. Posteriormente se licenció en derecho, ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense (1971).


Ana Palacio

Eliminó las preposiciones de sus apellidos, que simplificó para pasar a llamarse Ana Palacio Vallelersundi, y en 1986 abrió un bufete en Madrid, Palacio y Asociados, especializado en cuestiones mercantiles, que trabajó para la empresa Construcciones y Contratas, de la que fue consejera técnica, letrada asesora del consejo de administración y directora del gabinete jurídico. Adquirió notoriedad en 1990 por su gestión como abogada en el acuerdo de separación matrimonial de las hermanas Alicia y Esther Koplowitz de sus respectivos esposos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

Si su hermana Loyola se inició en la política de la mano de Manuel Fraga en Alianza Popular (AP), Ana tuvo siempre en José María Aznar a su principal valedor; fue él quien la persuadió para que se presentara a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994 con el número diez en la lista del Partido Popular (PP), pese a sus conocidas reticencias hacia los partidos políticos.

La abogada de Europa

Elegida eurodiputada, fue vicepresidenta de la Eurocámara y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, cargos en los que desplegó una intensa actividad. Reelegida en 1999, ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

Ganó prestigio en la defensa de algunos proyectos de ley tan importantes como el que reconoció el derecho de voto y de candidatura en las elecciones locales a cualquier ciudadano comunitario en cualquier país miembro de la Unión Europea. En 2001 fue elegida presidenta de la Conferencia de presidentes de las comisiones europarlamentarias.

Su valerosa batalla contra el cáncer, que le fue diagnosticado en diciembre de 2000, y su decisión de no ocultar la enfermedad ni los efectos de la quimioterapia en su aspecto, tras una intervención quirúrgica en Estados Unidos, le granjearon la simpatía de sus compañeros en el Parlamento Europeo y de muchas personas que admiraron su vitalidad y su entereza de espíritu. Pelada al rape, enzarzada en los debates en Bruselas o Estrasburgo, su imagen dio la vuelta al mundo. El Wall Street Journal, en un artículo titulado «La abogada de Europa», la incluyó en octubre de 2001 en su lista de las doce personas más influyentes en el mundo de los negocios.

Sus responsabilidades europeas no le hicieron abandonar por completo el foro madrileño, ya que era miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidenta del Consejo de Colegios de Abogados Europeos.

Presidenta del Consejo Ejecutivo de la Academia de Derecho Europeo de Tréveris (Alemania) y miembro del Consejo de Redacción de la Revue du Droit de l’Union Européenne, pertenece al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y al Consejo de Dirección de la Universidad Camilo José Cela. Palacio y Asociados, el bufete de Madrid, quedó en manos de otra de sus hermanas, Urquiola de Palacio.

Su actuación en el Parlamento Europeo, la solidez jurídica de sus intervenciones y el dominio de varios idiomas fueron un trampolín para su carrera política; no en vano, el presidente del gobierno español, José María Aznar, volvió a fijarse en ella y la nombró representante del ejecutivo español en la Convención sobre el Futuro de Europa, una suerte de conferencia intergubernamental encargada de las reformas de las instituciones de la Unión Europea que inició sus trabajos el 28 de febrero de 2002. Palacio es uno de los doce miembros del Presidium, órgano que dirige la Convención y que preside Valéry Giscard d’Estaing.

Al frente de la cartera de Exteriores

En la remodelación del gobierno impulsada por el presidente Aznar el 10 de julio de 2002, Ana Palacio fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores en sustitución de Josep Piqué. Nada más asumir la cartera, tuvo que hacer frente a una crisis con Marruecos a causa del incidente provocado por el desembarco de policías marroquíes en el islote de Perejil y su desalojo por las tropas especiales españolas (12-17 de julio), sin violencia y apenas veinticuatro horas después de que el gobierno español retirara a su embajador en Rabat, Fernando Arias-Salgado. La disputa, que amenazaba con extenderse, se resolvió con el retorno al statu quo gracias a la mediación del secretario de Estado norteamericano, Colin Powell.

En su primer viaje al extranjero como ministra, doce días después de tomar posesión, Palacio visitó Rabat, donde mantuvo una tensa reunión con su homólogo marroquí, Mohamed Benaissa, con el único objeto de confirmar la solución sugerida por Washington, sin presencia real ni simbólica de ninguno de los dos países en Perejil.

Para mejorar las relaciones con Marruecos, deterioradas desde la retirada del embajador marroquí el 29 de octubre de 2001, y tras el cambio de gobierno producido en Rabat como consecuencia de las elecciones generales (27 de septiembre), la ministra recibió, en diciembre de 2002 en Madrid, a Benaissa, con el que decidió crear varios grupos de trabajo para abordar los problemas pendientes, si bien se negó a modificar la posición tradicional española sobre el Sahara Occidental.

Tras un nuevo viaje a Marruecos, en el que fue recibida por el rey Mohamed VI en Agadir (30 de enero de 2003) y por el primer ministro, Driss Jettou, ambos países restablecieron plenamente las relaciones diplomáticas y los embajadores respectivos regresaron a Rabat y Madrid.

Difícil gestión en el conflicto de Iraq

Apenas resuelta la crisis con Marruecos, el conflicto de Iraq volvió a perturbar la gestión de la ministra española, que multiplicó sus intervenciones tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU, del que España era miembro no permanente desde el 1 de enero de 2003, como en las reuniones de ministros de la Unión Europea. Palacio, que siempre defendió la estrategia de Estados Unidos, se mostró especialmente dura contra Iraq en la intervención que siguió al informe del jefe de la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (Unmovic) del desarme de Iraq, Hans Blix, ante el Consejo de Seguridad, el 27 de febrero.

Siguiendo la misma argumentación que estadounidenses y británicos, la ministra española defendió que la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de la ONU era jurídicamente suficiente para recurrir a la fuerza, puesto que su vulneración por Iraq constituía «una violación patente» de la que se derivaban «graves consecuencias», eufemismo diplomático para referirse a la intervención militar. No obstante, batalló a favor de una segunda resolución por motivos políticos. Según Palacio, las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen «una naturaleza muy particular porque son un convenio entre las naciones del que se deriva un valor jurídico inequívoco».

Antes y después de la guerra de Iraq, la jefa de la diplomacia emprendió una trepidante actividad y viajes sin tregua, de Nueva York a Teherán, de París a El Cairo y Damasco, para explicar la posición española de apoyo diplomático a Estados Unidos, de no beligerancia y participación activa de un pequeño contingente de tropas en tareas humanitarias, en medio de una clamorosa y constante oposición interna.