Luis González Bravo

(Luis González Bravo o Brabo y López de Arjona; Cádiz, 1811 - Biarritz, 1871) Periodista y político español. Formado en Alcalá de Henares, en cuya universidad cursó estudios de leyes, Luis González Bravo fundó el periódico satírico El Guirigay (1837-1838), desde el que lanzó sus críticas contra la regente María Cristina de Borbón y mostró a las claras su progresismo radical. En 1840 tomó parte en la revolución que puso fin a la regencia de María Cristina y un año después, elegido diputado a Cortes, se opuso infructuosamente al nombramiento del general Baldomero Espartero como nuevo regente.


Luis González Bravo

Durante la regencia de Espartero (1841-1843) se implicó en diversos levantamientos, entre ellos el encabezado por los generales Juan Prim y Francisco Serrano (1843), a quien acompañó a Barcelona para dirigir la sublevación en esta ciudad, y el organizado por el general Ramón María Narváez en Torrejón de Ardoz (Madrid, julio de 1843), que obligó a Espartero a abandonar la regencia y, en consecuencia, aceleró la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II (8 de noviembre de 1843). En esos momentos encabezaba el grupo parlamentario denominado La Joven España, formado por jóvenes intelectuales y periodistas, cuyo principal propósito era servir de enlace entre las dos grandes fuerzas políticas del Parlamento, los progresistas y los moderados.

Sin embargo, y ya en la etapa antiesparterista, González Bravo había iniciado un giro ideológico hacia el moderantismo, que quedó confirmado a finales de 1843, cuando, en calidad de vicepresidente del Congreso de los Diputados, firmó el acta de acusación contra el presidente del Gobierno provisional, Salustiano Olózaga, por la que se responsabilizaba a éste de haber obligado a Isabel II a firmar el decreto de disolución de las Cortes del 28 de noviembre de 1843. Su iniciativa, que provocó la dimisión de Olózaga y su posterior destierro al Reino Unido, contó con el beneplácito del principal dirigente del moderantismo, Ramón María Narváez, quien a cambio le prestó su apoyo para lograr su designación como presidente del Gobierno, cargo que ejercería desde diciembre de 1843 hasta mayo de 1844.

A este nombramiento sumó el de ministro de Estado, lo que le permitió adoptar sin muchas dificultades una serie de medidas de carácter autoritario: declaró el estado de sitio, ordenó la detención de todos los líderes de la oposición (progresistas y republicanos), suspendió las sesiones de Cortes (27 de diciembre de 1843), gobernó mediante decretos-leyes, incrementó la censura de prensa, restableció el impopular impuesto de consumos y desmanteló las principales instituciones progresistas. Asimismo propició el regreso del exilio de la reina madre María Cristina de Borbón (marzo de 1844), a quien tiempo atrás había atacado duramente desde las páginas de El Guirigay.

Una de las decisiones de mayor importancia de su mandato fue la creación de la Guardia Civil mediante el Real Decreto del 28 de marzo de 1844, de cuya organización se encargó el duque de Ahumada. Poco después los moderados le retiraron su apoyo y lo obligaron a dimitir; la presidencia del Gobierno pasó a manos de Narváez, quien lo destinó a Lisboa como diplomático.

A su vuelta a España se dedicó al periodismo y su actividad política se redujo a esporádicas intervenciones parlamentarias de escasa trascendencia. En una de ellas mantuvo un enfrentamiento con Antonio de los Ríos Rosas que finalizó con un duelo entre ambos, resultando Ríos Rosas herido de gravedad. Acciones de este tipo no hicieron más que aumentar su desprestigio y aislamiento, lo que le impulsó a partir al extranjero al iniciarse el Bienio Progresista (1854-1856).

A finales de la década de 1850 se produjo su rehabilitación política al convertirse en el principal dirigente del grupo parlamentario del Partido Moderado y, posteriormente, ser nombrado ministro de Gobernación en dos gabinetes presididos por Narváez (septiembre de 1864 - junio de 1865 y julio de 1866 - abril de 1868). En el desempeño de este cargo asumió la responsabilidad de la represión, saldada con nueve muertos y más de cien heridos, de la sublevación de los estudiantes en la Noche de San Daniel (10 de abril de 1865), que protestaban por la destitución de Emilio Castelar de su cátedra de Historia de España en la Universidad de Madrid.

La muerte de Narváez el 23 de abril de 1868 le permitió presidir el Gobierno desde esa fecha hasta septiembre del mismo año 1868, periodo en el que también dirigió el departamento de Gobernación. En esos momentos la situación social y económica del país era muy problemática, ya que a las secuelas de la quiebra financiera y comercial de 1866 se había unido una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868, que se manifestó con la proliferación de motines populares. Ello, unido al mantenimiento de un régimen político desfasado y de escasa representatividad, conllevó el desprestigio y aislamiento de Isabel II.

La reina, no obstante, en vez de propiciar el consenso de las distintas fuerzas políticas en torno a su persona, optó por el autoritarismo al confiar en uno de los pocos políticos que todavía le eran fieles, González Bravo, quien, a diferencia de Narváez, no contaba con el suficiente reconocimiento y autoridad para recuperar la credibilidad de la Corona. En este contexto, González Bravo decidió incrementar las medidas represivas (entre otras, decretó el cierre de las Cortes), sin advertir la importancia que estaban adquiriendo los movimientos sociales y políticos contrarios a la monarquía (prueba de ello fue la constitución de las Juntas de Defensa en todo el territorio español).

La oposición política se hallaba cada vez más organizada (unionistas, progresistas y demócratas estaban aliados desde 1866 mediante el Pacto de Ostende) y a ella se había unido un amplio sector del Ejército, cuyo descontento aumentó tras la decisión de González Bravo de desterrar a algunos de los generales más prestigiosos al considerar que se hallaban vinculados a organizaciones conspirativas: Francisco Serrano, Domingo Dulce, Serrano Bedoya y Antonio Caballero de Rodas fueron desterrados a Canarias, Juan de Zavala y de la Puente a Lugo, Fernando Fernández de Córdova a Soria y Pedro Echagüe a Baleares.

El desprestigio del Gobierno alcanzó su grado máximo tras la aprobación de la Orden de 7 de julio de 1868, por la que fueron expulsados de España los duques de Montpensier, a quienes se acusaba de intentar subvertir el orden político. Esta disposición impulsó a algunos conspiradores todavía indecisos, como el general Francisco Serrano, a considerar la vía del pronunciamiento como la única posible para superar la crisis institucional que en esos momentos atravesaba el régimen monárquico. Asimismo, tanto los grandes propietarios como los sectores sociales relacionados con las finanzas y los negocios, que hasta ese momento habían monopolizado el poder, retiraron su apoyo a la monarquía ante las dificultades que encontraban para seguir defendiendo sus intereses tras la instauración del régimen autoritario impuesto por Narváez, primero, y por González Bravo, después.

Narváez y González Bravo, en definitiva, provocaron con su acción de gobierno que las bases sociales que tradicionalmente habían sustentado la monarquía se sumaran a la oposición. El 17 de septiembre de 1868, dos días antes de que González Bravo abandonara la presidencia del Gobierno, se produjo el levantamiento del almirante Juan Bautista Topete en Cádiz, con el que se inició el movimiento revolucionario que culminó el 28 de septiembre de 1868 con el derrocamiento de Isabel II y el advenimiento del Sexenio Democrático (1868-1874). Luis González Bravo se exilió en Biarritz, donde permaneció hasta su fallecimiento tres años después; en esta última etapa evolucionaría hacia el carlismo. Fue miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Cómo citar este artículo:
Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en [fecha de acceso: ].