Baltasar Garzón

(Torres, Jaén, 1955) Magistrado español. Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en la localidad jienense de Torres. Segundo de los cinco hijos del agricultor y posteriormente empleado de gasolinera Ildefonso Garzón Cruz, estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén. Abandonó los estudios eclesiásticos y la familia se trasladó a Sevilla, donde Baltasar se licenció en derecho por la universidad de la capital andaluza en el año 1979.

Después de superar las oposiciones con el puesto número 11 de un total de 51 aspirantes, comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva. Unos meses antes, en noviembre de 1980, había contraído matrimonio con María Rosario Yayo, con la que tiene tres hijos.

Contra el terrorismo y el narcotráfico

En 1983 ascendió a magistrado y fue destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almería, donde permaneció hasta que a principios de 1988 fue designado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.


Baltasar Garzón

Desde este cargo, como uno de los cuatro jueces encargados de instruir causas contra el terrorismo y el narcotráfico, dictaría numerosos sumarios contra la organización terrorista ETA y varios casos importantes vinculados al tráfico de drogas, como las operaciones «Nécora» (1990), con la que desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña, y «Pitón» (1991), con la detención de los integrantes del llamado «clan de los Charlines», que «faenaban» en las costas gallegas.

En abril de 1993 solicitó la excedencia para concurrir como número dos de la lista socialista a las elecciones generales de junio, en las que consiguió el acta de diputado. Dicen las malas lenguas que Garzón aspiraba a una cartera ministerial (le dieron un irrelevante cargo de viceministro) y que dejó la política con el ánimo de vengarse de Felipe González, a quien puso en apuros en el marco de la instrucción sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), por el que ordenó la encarcelación de los policías José Amedo y Michel Domínguez, quienes imputarían al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, que acabarían también en prisión.

En 1998 intensificó su actividad contra el entorno de ETA. Así, en el marco de una operación muy amplia, acusó a la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK), una coordinadora vasca para la alfabetización de adultos en euskera, de ser el entramado financiero de la banda terrorista. Aunque no pudo demostrar la relación entre ambas organizaciones, se produjeron doce detenciones. Aquel mismo año clausuró el diario Egin y la emisora de radio Egin Irratia, acusados de colaboración con ETA.

Golpe a las dictaduras

También en 1998, año en que se aprobó en Roma el estatuto de la Corte Penal Internacional, ordenó la detención de Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres, acusado de la desaparición de ciudadanos españoles en Chile durante la dictadura del general (1973-1990). Este caso dio notoriedad internacional al ya popular juez.

A principios de septiembre de 2000, acusó al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México el 24 de agosto, de los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, presuntamente cometidos cuando integraba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina durante la dictadura militar (1976-1983).

Este auto ampliaba otro que dictó el 2 de noviembre de 1999 y por el que procesó a noventa y ocho militares argentinos. Según Garzón, Cavallo aparecía imputado ya desde el 7 de julio de 1998 en el sumario que él mismo instruye por delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura militar argentina. Tirando del hilo descubrió la «operación Cóndor», que unía a todas las dictaduras del Cono Sur.

El Tribunal Supremo mexicano concedió la extradición de Cavallo a España en junio de 2003, y un mes después el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogaba la Ley de Punto Final, el decreto de 2001 que impedía la extradición a terceros países de militares acusados de cometer delitos durante la dictadura.

De ETA a los paraísos fiscales

El acoso al entorno de ETA proseguiría implacablemente, a pesar de que desde algunos medios se acusaba a Garzón de atentar contra la libertad de expresión. En abril de 2001 dictó orden de cierre de la revista Ardi Beltza (‘Oveja Negra’), cuyo director, Pepe Rei, quien ya había sido procesado por el «caso Egin», fue detenido e interrogado por considerar que utilizó este medio para los fines de la organización terrorista.

Los nuevos indicios contra Rei se extraían, según Garzón, de la propia revista y del vídeo que se distribuyó con ella titulado «Periodistas, el negocio de mentir», en el que se identificaba a profesionales que después fueron objetivo de atentados o de seguimiento por miembros de ETA.

En noviembre de 2001, Garzón detuvo e interrogó a trece personas vinculadas al movimiento Gestoras Pro Amnistía (Gestorak), una de las organizaciones abertzales más sólidas en el marco del soporte y de la lucha por la repatriación de los presos de ETA dispersos. En la operación, denominada Udazken (‘Otoño’), intervinieron más de doscientos policías, quienes de madrugada practicaron las detenciones en varias localidades de las provincias vascas y de Navarra. A la vez, Garzón ordenó el bloqueo de veintidós cuentas bancarias pertenecientes a los detenidos y a algunas empresas.

Garzón no se amilanaba ante nadie, ni siquiera ante los poderosos. En abril de 2002 amplió la instrucción del «caso Banco Bilbao Vizcaya (BBV)-Privanza» a todo el entramado financiero secreto que constituyó el antiguo BBV en el exterior, por el caso de las cuentas opacas o fondos de pensiones secretos, por importe de 19,26 millones de dólares.

Al respecto, Garzón tomó declaración al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y al subgobernador, Gonzalo Gil. Finalmente, en calidad de testigo, citó a declarar al presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González, quien, según algunas fuentes, a principios de 2001, fue el promotor de la regularización de los fondos que el banco tenía en el exterior, que supuso para la entidad bancaria el ingreso de unos 225 millones de euros.

Esta declaración no era la primera comparecencia de Francisco González ante la Audiencia Nacional, donde ya había tenido que testificar en dos ocasiones por el «caso Banesto», una durante la instrucción, el 20 de noviembre de 1995, y otra en la vista oral, el 24 de noviembre de 1998, que supuso el ingreso en prisión de Mario Conde.

Ilegalización de Batasuna

Pero la actuación más comprometida y polémica del juez fue la ilegalización de Batasuna, en un auto publicado en Madrid el 26 de agosto de 2002, por un presunto delito de integración en organización terrorista. Previamente, en fecha 3 de mayo de 2002, había dictado auto de prisión contra once miembros del partido radical abertzale.

La ilegalización de la tercera fuerza política vasca levantó ampollas y enturbió aún más la relación entre el partido gobernante en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el gobierno central presidido por José María Aznar, quien desde entonces iniciaría un acoso contra los nacionalistas.

El 18 de marzo de 2003 suspendió las actividades y ordenó la clausura de los locales en España y en el extranjero del Partido Comunista de España reconstituido -PCE(r)- por considerarlo el brazo político de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo), accediendo así a la petición hecha por el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien en octubre de 2002 había presentado un informe en el que señalaba que el comité central del PCE(r) «alimenta ideológicamente el brazo militar de la organización terrorista».

Se podrán decir muchas cosas de Garzón (que es ambicioso, que no desdeñó su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que aspiró a cargos políticos...), pero nadie deja de reconocer que es un juez tenaz. Y eso, en España, y fuera de ella, tiene gran mérito, como lo atestiguan los numerosos premios que ha recibido, entre ellos el Premio Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de Roma (1995), el reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional (1998), el de Mejor Juez de Latinoamérica (1999/2000), la Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (2001) y el Premio Extraordinario al Compromiso Social otorgado por la Confederación de Jóvenes Empresarios (2002).

Amado y odiado a partes iguales, su popularidad no ha dejado de aumentar, aunque él se niega a ser considerado un juez estrella, a no ser que ello signifique que «da luz», que ilumina. Es una de sus ironías, pues sospecha que la reforma judicial pactada por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 2001 tiene como objetivo, entre otros cambios, la desaparición precisamente de este tipo de jueces.

A pesar de los reproches de sus colegas y de las recriminaciones del PP en casos como el de Augusto Pinochet o la guerra de Iraq, Garzón ha proseguido con su plan sin inmutarse y haciendo caso omiso de las numerosas amenazas recibidas por quienes son objeto de sus cuidados sumarios.

Su tarea es reunir pruebas y argumentos para que otros jueces de la Audiencia Nacional puedan enjuiciar casos, aunque esos colegas han dejado entrever en más de una ocasión que el trabajo de Garzón no les impresiona. Han puesto en libertad a varios acusados -desde dirigentes de la rama política de ETA hasta narcotraficantes- por falta de pruebas convincentes. Y hasta le llamaron la atención porque en un libro escrito por la periodista Pilar Urbano, Garzón: el hombre que veía amanecer (2001), «cometió quiebras del deber de guardar secretos» que constaban en algunos sumarios por instruir, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Finalmente, el CGPJ no sancionó al magistrado, porque «las pruebas practicadas no han logrado acreditar suficientemente la autoría de tales infracciones».