Pedro Solbes

(Pinoso, Alicante, 1942) Economista y político español, ministro de Agricultura y de Economía en varios gabinetes socialistas de Felipe González, y comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004. Este último año regresó a la primera línea política nacional para asumir la vicepresidencia segunda del Gobierno y, nuevamente, la responsabilidad de la cartera económica, en el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo la licenciatura en Economía Europea por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Técnico comercial del Estado desde 1968, ocupó hasta 1973 el cargo de subdelegado y delegado regional de Comercio en Valencia. Entre 1973 y 1978 desarrolló en Bruselas labores de consejero comercial de la Misión de España ante las Comunidades Europeas y participó en la renegociación del Acuerdo Preferencial con la Comunidad Europea.


Pedro Solbes

Desde mayo de 1978 y hasta julio de 1979 trabajó como asesor del entonces ministro de Relaciones con las Comunidades, Leopoldo Calvo Sotelo. Con posterioridad y hasta diciembre de 1982, desempeñó el cargo de director general de Política Comercial en el Ministerio de Economía y Comercio, dirigido por Juan Antonio García Díez.

Dos meses después del triunfo socialista en las legislativas de 1982, Pedro Solbes fue nombrado secretario general técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya titularidad asumió Miguel Boyer. Desde su nueva responsabilidad, formó parte del equipo negociador para la adhesión de España a la Comunidad Europea. El 23 de octubre de 1985 fue nombrado secretario de Estado para las Comunidades Europeas en sustitución de Manuel Marín. Profundo conocedor del tratado de incorporación de España a la CE, que entró en vigor en 1986, y reconocido experto en temas agrícolas, desempeñó un papel relevante durante la presidencia española de la Comunidad, entre enero y junio de 1989.

La reorganización ministerial ejecutada por el presidente del Gobierno Felipe González en marzo de 1991 colocó a Solbes al frente del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, en sustitución de Carlos Romero. Durante su gestión, España suscribió la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Hizo gala de un extraordinario talante negociador y puso en marcha medidas de urgencia para incrementar la competitividad del campo español en Europa, pero el marcado descenso de los precios agrarios provocó sonadas movilizaciones de los agricultores españoles entre finales 1992 y principios de 1993. En la llamada "marcha verde", convocada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), miles de agricultores manifestaron su protesta en Madrid por los acuerdos pactados en Europa y solicitaron un incremento del presupuesto destinado al sector agrario.

Ministro de Economía

Ministro sin afiliación, Solbes logró mantenerse ajeno a las pugnas del partido, pese a que fue contrastada su cercanía a políticos como Carlos Solchaga o Francisco Fernández Ordóñez. Tras las elecciones de 1993, fue designado ministro de Economía y Hacienda en el primer Gabinete de la V legislatura para sustituir, precisamente, a Solchaga.

Durante sus tres años al frente del Ministerio de Economía y Hacienda en la década de los noventa, Pedro Solbes aplicó con rigor un plan de saneamiento de las cuentas públicas y de reducción del déficit, lo que le valió las críticas en algunos sectores socialistas, que lo vituperaban como abanderado del liberalismo.

Pese al éxito de su política de austeridad, con la mirada puesta en la convergencia con Europa, la crisis terminal de la legislatura se planteó paradójicamente durante el debate de los presupuestos, cuando el gobierno de Felipe González quedó en minoría en el Congreso al no contar con el apoyo de Convergència i Unió (CiU). Al perder la votación sobre las enmiendas a la totalidad, que implicaba automáticamente la devolución de los presupuestos, el 25 de octubre de 1995, el gobierno se vio forzado a prorrogar los de 1995, iniciando así el proceso que condujo a la disolución anticipada de las Cortes y a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales del 6 de marzo de 1996.

Confirmada la victoria del Partido Popular en las urnas, Solbes organizó el traspaso de poderes para dar el relevo a su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato. El ex ministro, que había logrado acta de diputado en el Congreso por la circunscripción de Alicante, fue nombrado presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Entre 1996-1999, como presidente de dicha Comisión Mixta, colaboró con la pretensión gubernamental de acelerar la convergencia.

Propuesto por el gobierno de José María Aznar junto con Loyola de Palacio para los dos cargos que correspondían a España, el 9 de julio de 1999 fue designado comisario de Asuntos Económicos y Monetarios en la Comisión Europea presidida por el italiano Romano Prodi.

Comisario europeo

La primera tarea en Bruselas, tras su entrada en funciones en septiembre de 1999, fue la vigilancia puntillosa del proceso que debía completar la introducción del euro, adoptado como divisa única por doce países el 1 de enero de 2000, hasta el punto de que pronto empezó a conocérsele como «Míster Euro» en los ambientes comunitarios. A partir de septiembre de 2001, dentro de la Comisión, presidió el comité de seguimiento de la transición al euro, moneda fiduciaria de los Doce desde el 1 de enero de 2002.

Su actuación más enérgica, decisiva y en algunos casos polémica fue la defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado por los países integrantes de la moneda única en el Consejo Europeo de Amsterdam el 17 de junio de 1997, que contiene diversas medidas preventivas para que los déficit presupuestarios no superen el 3% del producto interior bruto (PIB) e incluso otras disuasorias que pueden llegar hasta la imposición de sanciones a los Estados que se muestren recalcitrantes en el control del gasto.

Bajo su impulso, el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) aprobó el 10 de julio de 2001 un reglamento o guía de actuación (desde las alertas hasta el expediente sancionador) para instar a los responsables de los Estados miembros a preservar la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario. Al día siguiente, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión exigió la estricta aplicación del Pacto en varios países, y precisó que la Comisión estaba dispuesta a abrir un expediente contra los que superaran los límites del déficit. Su argumentación hizo fortuna: «Antes de la moneda única -advirtió-, las consecuencias de una política deficitaria las sufría cada país, pero ahora la factura la pagamos todos conjuntamente».

En el Consejo Europeo de Sevilla celebrado en junio de 2002, a propuesta de la Comisión, cuatro países (Portugal, Alemania, Francia e Italia) fueron conminados a rectificar. El primer expediente sancionador fue abierto contra Portugal, cuyo déficit público alcanzó el 4,1% del PIB en 2001, inmediatamente corregido por el gobierno que se constituyó tras las elecciones celebradas en el mes de marzo de 2002.

La crisis dentro de la Unión Europea estalló cuando, por iniciativa de Solbes, la Comisión decidió incoar sendos procedimientos de sanción contra los gobiernos de París y Berlín, cuyos presupuestos de 2004, por tercer año consecutivo, acumulaban déficit superiores al 3 % del PIB. La respuesta conjunta de Francia y Alemania dividió al Consejo de Ministros de Economía, en el que, gracias al respaldo de Bélgica, Luxemburgo e Italia, lograron una muy justa mayoría para dejar en suspenso el Pacto que fija las reglas de juego de la moneda única, tras una tumultuosa reunión que terminó en la madrugada del 25 de noviembre de 2003.

Desautorizada políticamente, aunque apoyada por España, Austria, Finlandia y los Países Bajos, la Comisión criticó un acuerdo que, a su juicio, entrañaba una violación flagrante del espíritu y la letra del Pacto. Además de acusar al Consejo de «pisotear las reglas del tratado [de Maastricht] y del Pacto por rechazar la adopción de las medidas apropiadas», Solbes logró que la Comisión acordara por unanimidad dar la batalla jurídica y presentar un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo. El Banco Central Europeo (BCE) advirtió también a Berlín y París de los graves riesgos de su actitud.

El comisario de Asuntos Económicos insistió en que la moneda única sin una auténtica federación política, para funcionar adecuadamente, exige el cumplimiento estricto de las normas establecidas por todos los países sin excepción. Pero sufrió los ataques indirectos de Francia y Alemania. La prensa francesa vituperó la supuesta intransigencia de Bruselas y recordó cómo otro comisario europeo, Karel van Miert, en un libro titulado El mercado y el poder, había acusado a Solbes, cuando éste era ministro de Economía en el gobierno de Felipe González, de presionarlo para proteger la posición dominante del Grupo Prisa en el sector de la televisión por cable y mantener sus negocios al margen de la fiscalización comunitaria.

La confianza de Rodríguez Zapatero

Su gestión en Bruselas se vio empañada por el escándalo financiero del Eurostat, oficina estadística acusada de fraude y nepotismo. El Eurostat depende de la Comisaría de Asuntos Económicos, pero el presidente Prodi, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo (26 de septiembre de 2003), exculpó al comisario, de quien aseguró que era un hombre absolutamente íntegro que no había sido informado por sus subordinados. El asunto sigue bajo investigación.

Pedro Solbes reapareció en la escena política española como miembro del comité de notables que asesoró a José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral para las elecciones del 14 de marzo de 2004. Aunque había anticipado que el responsable económico sería Miguel Sebastián, el líder socialista decidió en el último momento designar a Solbes como vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía y Hacienda (encargado de coordinar todos los ministerios relacionados con la gestión económica), quizá por su prestigio internacional y por el apoyo de amplios círculos socialistas. La prensa aseguró que el vicepresidente había obtenido plenos poderes para dirigir la estrategia económica gubernamental.

En sus declaraciones tras la toma de posesión, se comprometió a mantener el equilibrio presupuestario y el crecimiento. Reconoció que el gobierno recibía una buena situación económica y presupuestaria, pero también algunos problemas graves: alta tasa de desempleo, precariedad laboral y unos precios de la vivienda muy elevados. Poco dado al protagonismo y a los excesos verbales, socialdemócrata teórico, su defensa férrea de la estabilidad presupuestaria y sus vínculos con la Comisión Trilateral lo alineaban aparentemente con el liberalismo y la tecnocracia, y los sindicatos recelaban de sus pretensiones de revisión de la normativa que regía el mercado de trabajo.

Pedro Solbes, que se define como «un hombre corriente absolutamente en todo», está casado con María del Pilar Castro Rodríguez, técnica de Administración Civil del Estado en activo, con la que tiene un hijo y dos hijas (Teresa, Miguel y Lucía). Políglota, habla francés, inglés y alemán, además de catalán. Durante sus casi cinco años de comisario, vivía solo en Bruselas, pues su esposa y sus hijos siguieron en Madrid, adonde él viajaba todos los fines de semana.